10-03-2021

CONSECUENCIAS PENALES POR AGRESIONES FÍSICAS CONTRA POLICIAS Y MILITARES

Durante el estado de emergencia hemos visto en los medios de comunicación que algunas personas o grupos de personas han hecho caso omiso a las medidas sanitarias impuestas para evitar la propagación del virus covid19. Incluso, en las redes sociales han quedado registrados videos de estas personas agrediendo a los efectivos policiales y/o militares que los intervinieron.

Debemos precisar que las personas que hacen caso omiso a las restricciones impuestas por el Gobierno están cometiendo delito de violación a las medidas sanitarias (articulo 292º del Código Penal) especialmente si su comportamiento tiene la idoneidad suficiente para propalar el virus o contagiar a otras personas, y las agresiones a las autoridades cuando son intervenidas podrían configurar un delito adicional que incremente la pena que se le imponga.

Las agresiones físicas contra las autoridades para impedir que den inicio al ejercicio de sus funciones o impidan que continúen con su ejecución configuran el delito de violencia contra la autoridad (articulo 365º y 366º del Código Penal). En ese sentido, por ejemplo, cometen este delito los comerciantes que instalan un puesto ambulante y agreden físicamente a la autoridad para impedir que mantengan el orden en una zona tomada por el comercio ambulatorio no autorizado, o quienes conducen un vehículo sin contar con el pase vehicular y agreden a la autoridad que le solicita dicho documento.

Por el contrario, si una persona desobedece una orden de la autoridad o se resiste a cumplirla, pero sin ejercer violencia física, cometerá el delito de desobediencia y resistencia a la autoridad (artículo 368º del Código Penal). En ese sentido, este delito podría ser cometido, por ejemplo, cuando un efectivo policial solicita al conductor de un vehículo que muestre su pase (laboral y vehicular), el conductor acelera y huye de la intervención.

Por tanto, las personas que agredan físicamente a las autoridades podrían recibir penas de hasta cuatro años, mientras que quienes se resistan o desobedezcan la orden de una autoridad podrían recibir penas de hasta seis años. Además, quienes cometan estos delitos violando las medidas sanitarias impuestas por el gobierno recibirán una pena adicional de hasta tres años.

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