10-03-2021

LA LIBERTAD DE INTERNOS CON PRISIÓN PREVENTIVA EN TIEMPOS DE PANDEMIA

Actualmente, aún atravesamos momentos difíciles a causa de la pandemia cuyas consecuencias afectan por igual a cualquier sector de la población. Por ello, debemos tener en cuenta que también la población que está privada de su libertad en centros penitenciarios del país se encuentra afectada y en riesgo de desencadenar contagios masivos.  

Entre abril y agosto de 2020, los índices de contagios y muertes en esta parte de la población se encontraban en aumento por el deficiente personal de salud, medicinas, instrumentos, cuidados y hacinamiento que existe en los centros penitenciarios. Por esta razón, el gobierno, mediante la expedición de normas para coadyuvar a disminuir la sobrepoblación de los penales y los abogados defensores de interno recurrieron a normas procesales existentes para lograr cambiar la condición de prisión por libertad bajo determinadas condiciones o detenciones domiciliarias.

Una de las medidas que fue muy utilizada y se encuentra estipulada en el Código Procesal Penal es el cese de prisión preventiva. Esta medida, en principio, es admitida cuando aparecen nuevas evidencias que permitan entender que los presupuestos que sirvieron para imponer prisión preventiva a la fecha han variados.

Bajo esa comprensión, entre los meses de marzo y abril, los abogados de determinados internos (aquellos que se encuentran en grave estado de salud y mayores de 65 años) solicitaron el cese de prisión preventiva ante los juzgados penales. El criterio que utilizaron fue que “el peligro procesal ya no existe, por las restricciones a la libertad de tránsito”; esto, porque debemos tener en cuenta que uno de los presupuestos (motivos) para la imposición de la medida de prisión preventiva es que el investigado fugue u obstruya la investigación en curso, denominado peligro procesal.  

Tal criterio fue entendido de esa manera debido a que, al encontrarnos en época de pandemia, las medidas adoptadas por el gobierno hicieron casi imposible la fuga del investigado (cierre de fronteras e inmovilización social). Por esta razón, desde ese momento y actualmente, los principales fundamentos de estas solicitudes de cese de prisión preventiva son la edad de los investigados (deben ser mayores de 60 años) y la acreditación de las enfermedades preexistentes que los coloquen en el grupo de riesgo frente al covid19, debido a que sólo bajo esas circunstancias los juzgados penales admitieron variar la prisión preventiva por una medida menos grave.

En este caso los tribunales peruanos asumieron en gran parte el criterio de que no se trata que el covid19 haya generado la variación del peligro de fuga por las restricciones de tránsito. En diversos pronunciamientos entendieron ello como insuficiente lo propuestos por las defensas para declarar fundado el cese de prisión. Entonces, a consecuencia de esa comprensión se dio un patrón uniforme de decisiones que, si bien rechazaban el cese de prisión preventiva, admitieron variar de oficio la prisión preventiva por comparecencia con restricciones o detenciones domiciliarias por razones de edad y salud (criterios humanitarios).

Actualmente, aún atravesamos momentos difíciles a causa de la pandemia cuyas consecuencias afectan por igual a cualquier sector de la población. Por ello, debemos tener en cuenta que también la población que está privada de su libertad en centros penitenciarios del país se encuentra afectada y en riesgo de desencadenar contagios masivos.  

Entre abril y agosto de 2020, los índices de contagios y muertes en esta parte de la población se encontraban en aumento por el deficiente personal de salud, medicinas, instrumentos, cuidados y hacinamiento que existe en los centros penitenciarios. Por esta razón, el gobierno, mediante la expedición de normas para coadyuvar a disminuir la sobrepoblación de los penales y los abogados defensores de interno recurrieron a normas procesales existentes para lograr cambiar la condición de prisión por libertad bajo determinadas condiciones o detenciones domiciliarias.

Una de las medidas que fue muy utilizada y se encuentra estipulada en el Código Procesal Penal es el cese de prisión preventiva. Esta medida, en principio, es admitida cuando aparecen nuevas evidencias que permitan entender que los presupuestos que sirvieron para imponer prisión preventiva a la fecha han variados.

Bajo esa comprensión, entre los meses de marzo y abril, los abogados de determinados internos (aquellos que se encuentran en grave estado de salud y mayores de 65 años) solicitaron el cese de prisión preventiva ante los juzgados penales. El criterio que utilizaron fue que “el peligro procesal ya no existe, por las restricciones a la libertad de tránsito”; esto, porque debemos tener en cuenta que uno de los presupuestos (motivos) para la imposición de la medida de prisión preventiva es que el investigado fugue u obstruya la investigación en curso, denominado peligro procesal.  

Tal criterio fue entendido de esa manera debido a que, al encontrarnos en época de pandemia, las medidas adoptadas por el gobierno hicieron casi imposible la fuga del investigado (cierre de fronteras e inmovilización social). Por esta razón, desde ese momento y actualmente, los principales fundamentos de estas solicitudes de cese de prisión preventiva son la edad de los investigados (deben ser mayores de 60 años) y la acreditación de las enfermedades preexistentes que los coloquen en el grupo de riesgo frente al covid19, debido a que sólo bajo esas circunstancias los juzgados penales admitieron variar la prisión preventiva por una medida menos grave.

En este caso los tribunales peruanos asumieron en gran parte el criterio de que no se trata que el covid19 haya generado la variación del peligro de fuga por las restricciones de tránsito. En diversos pronunciamientos entendieron ello como insuficiente lo propuestos por las defensas para declarar fundado el cese de prisión. Entonces, a consecuencia de esa comprensión se dio un patrón uniforme de decisiones que, si bien rechazaban el cese de prisión preventiva, admitieron variar de oficio la prisión preventiva por comparecencia con restricciones o detenciones domiciliarias por razones de edad y salud (criterios humanitarios).

 

 

 

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